El estallido social y los efectos de la crisis sanitaria, seguirá golpeando a la economía chilena, principalmente en la recuperación de empresas y emprendedores afectados, además del comercio exterior ante las restricciones sanitarias y las nuevas prioridades del país. En el plano regional, de no activarse nuevos proyectos en Atacama -considerando la gran incidencia de la minería- no se lograrán generar puestos de trabajo en el corto plazo y dinamizar a otros sectores como el comercio, la construcción, el transporte, energía, entre otros.
A este escenario, debe agregarse el estado de Excepción Constitucional que derivó en que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tomase medidas de seguridad para evitar el contagio entre quienes participan en el proceso de evaluación. Esto ha significado la suspensión, desde el 20 de marzo, de los procesos que incluyen participación ciudadana y la prórroga de la entrega de respuestas a consultas de los organismos públicos, situación que trae aparejado más demoras a los trámites.
Estas son las principales conclusiones de un informe económico coyuntural, elaborado por el Departamento de Estudios de la CORPROA, presentado vía on line, que mostró los principales impactos económicos, los cambios en la composición del trabajo, el potencial para generar empleo de los proyectos de inversión detenidos en el SEA y la opinión de sus socios frente a la coyuntura.
La muestra evidenció, en el caso de Atacama, que en el período de crecimiento del PIB nacional más austero (entre 2014 y 2017) el PIB regional presentó variaciones negativas -a excepción de 2016 producto del gasto post aluvión- e incluso, cuando en 2018, el crecimiento del PIB de Chile recuperó vigor, la región volvió a presentar cifras negativas (-3,2%).
En lo que se refiere al sector minero, pese a remontar en 2015, la actividad minera en Atacama registró tres años consecutivos de contracción. En tanto las exportaciones mineras han tenido dos años seguidos de decrecimiento, siendo el 2019 la peor baja de la década con una variación de -17,0% anual.

Estallido social y crisis sanitaria
En tanto, el efecto específico de la crisis social y sanitaria en el mercado laboral regional ha evidenciado que cuando comenzó el estallido social, la cantidad de desocupados superó las 15 mil personas y la tasa de desocupación rozó el 10%, valores históricos para ese período. En cuanto al trimestre enero – marzo de 2020, el cual presenta los primeros indicios de los efectos de la pandemia, se agrega una notable caída de la tasa de ocupación regional, lo que implica que pese a existir una cantidad menor de personas activas en la fuerza de trabajo, la población no logra ocuparse.

Encuesta a empresas
Estas cifras se complementan con los resultados de la encuesta “Levantamiento de información sobre el estado de empresas por crisis sanitaria”, realizada a las empresas socias de CORPROA (72% Pymes y 28% grandes) aplicada entre las primera y segunda semana del mes de mayo de 2020.
Es así como el 56% de las empresas presenta un nivel de operatividad inferior al 75% de su capacidad. Y aunque gran parte de las empresas mantiene sus operaciones, el impacto de la crisis no ha sido menor: el 64% de los encuestados señala que el impacto económico derivado de esta contingencia va desde los $10 millones a más de $50 millones.
Los planes futuros también se han visto mermados: sólo el 8% de las empresas consultadas mantendrán sus planes de inversión previos a la emergencia y, por otra parte, el 88% ha cambiado sus planes, ya sea desistiendo de realizar inversiones o ajustándola a su actual condición financiera y de demanda.
Las dificultades para mantener los puestos de trabajo también se evidencian. El 52% ha debido realizar al menos una desvinculación, el 4% más de 50 personas, y en las próximas semanas, el 52% volverá a evaluar la necesidad de efectuar despidos.
El estudio sugiere que el impulso a la inversión es más necesario que nunca en la región. Por ejemplo, los proyectos que a la fecha se encuentran en etapa de calificación pueden generar más de 5 mil puestos de trabajo en sus etapas de construcción y más de 3 mil en las de operación.
No obstante, pese a ser evidente el beneficio de estas inversiones y la resolución del SEA tiene carácter de transitorio, la duración de esta última podría llegar a extenderse por varios meses e inclusos años, esto implicaría modificar los planes y calendarios de inversión de las empresas o, en algunos casos, a desistir de ellos.
La suspensión de procesos -como la consulta ciudadana- ha resultado en que US$ 10.500 millones en inversión se encuentren paralizados en el SEA, cuatro proyectos mineros en Atacama y 24 obras de energía renovable no convencionales están en esta condición, según la propia entidad.
Esto ha implicado que diversos actores propongan como alternativa la implementación de instrumentos de comunicación remota y combinaciones de participación presencial y online para dar continuidad a los proyectos en evaluación.
De acuerdo a datos obtenidos del SEA en la Región de Atacama, a mayo de 2020, existen 32 iniciativas de inversión en etapa de “en calificación” y aunque no todas ellas han llegado a las etapas de consultas, las dificultades que hoy enfrenta el SEA, los servicios públicos y las comunidades, añaden incertidumbre respecto de los plazos de calificación de los proyectos.
El análisis muestra que tal teatro de operaciones podría implicar un disuasivo para las empresas que componen la cartera de proyectos de inversión para el quinquenio 2020 – 2024, conjunto de iniciativas que, de acuerdo al Catastro de Proyectos de Inversión Privados y Públicos del primer trimestre de 2020 elaborado por la Corporación de Bienes de Capital, suponen para la Región una inyección de US$9.651 millones.
“Es claro que la situación económica no es favorable y que las crisis social y sanitaria traen una interminable lista de dificultades. A pesar del esfuerzo de las mineras para alentar el distanciamiento, esto ha significado que los proyectos se hayan ralentizado o suspendidos hasta nuevo aviso. Es clave mejorar los procesos de evaluación ambiental que, sin dejar de velar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental y las buenas prácticas, favorezcan la materialización de inversión, facilitando procesos y acortando plazos”, sostuvo Daniel Llorente, presidente de CORPROA.
En esta línea, las iniciativas de inversión en Atacama que esperan completar su evaluación ambiental es de 32 proyectos y bordea los US$2.400 millones con requerimientos de mano de obras por más de 8.500 puestos de trabajo.
“Resulta crucial entonces que la evaluación ambiental continúe y las empresas puedan responder a los requerimientos que de ella provengan, esto considerando la necesidad que tiene la Región de Atacama de dar un nuevo impulso a su economía que permita dar condiciones dignas de trabajo y mayor calidad de vida a sus habitantes”, agregó Llorente.
Para Patrick McNab, gerente de Sustentabilidad Compañía Minera del Pacífico (CMP), “el estudio de CORPROA refleja una realidad que no podemos ignorar. El esfuerzo de las empresas por dar continuidad operacional que, en el caso de CMP, ha significado adoptar múltiples tareas sanitarias para funcionar con el debido resguardo en todas sus faenas, debe también tener una correspondencia en materia de evaluación ambiental. Creemos que es posible, y hoy se hace aún más necesario, velar por el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y, a la vez, actuar con la agilidad que se requiere en la Región de Atacama para que sus empresas sigan adelante con lo que tienen y también puedan concretar nuevos proyectos”.
Finalmente, Phil Brumit, presidente Distrito Candelaria – Lundin Mining, sostuvo que “vemos con preocupación como esta emergencia de salud está causando el aplazamiento de importantes proyectos de inversión en Atacama, lo que resulta en una caída en la creación de empleo y un aumento en la tasa de desempleo. Son tiempos muy difíciles en los que tendremos que hacer todo lo posible para mantener la continuidad operacional. Sabemos que pasarán varios meses o un año antes de que la actividad económica vuelva a cierta normalidad, por eso creemos que hoy el papel de las autoridades es clave para generar las condiciones que permitan que la economía se reactive, incluida la del sector de la minería. El desarrollo de proyectos mineros, que ahora están en espera, generará empleos y la necesidad de suministros y servicios que fundamentalmente deberían beneficiar a trabajadores y proveedores locales”.