El estallido social y los efectos de la crisis sanitaria, seguirá golpeando a la economía chilena, principalmente en la recuperación de empresas y emprendedores afectados, además del comercio exterior ante las restricciones sanitarias y las nuevas prioridades del país. En el plano regional, de no activarse nuevos proyectos en Atacama -considerando la gran incidencia de la minería- no se lograrán generar puestos de trabajo en el corto plazo y dinamizar a otros sectores como el comercio, la construcción, el transporte, energía, entre otros.
A este escenario, debe agregarse el estado de Excepción Constitucional que derivó en que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tomase medidas de seguridad para evitar el contagio entre quienes participan en el proceso de evaluación. Esto ha significado la suspensión, desde el 20 de marzo, de los procesos que incluyen participación ciudadana y la prórroga de la entrega de respuestas a consultas de los organismos públicos, situación que trae aparejado más demoras a los trámites.
Estas son las principales conclusiones de un informe económico coyuntural, elaborado por el Departamento de Estudios de la CORPROA, presentado vía on line, que mostró los principales impactos económicos, los cambios en la composición del trabajo, el potencial para generar empleo de los proyectos de inversión detenidos en el SEA y la opinión de sus socios frente a la coyuntura.
La muestra evidenció, en el caso de Atacama, que en el período de crecimiento del PIB nacional más austero (entre 2014 y 2017) el PIB regional presentó variaciones negativas -a excepción de 2016 producto del gasto post aluvión- e incluso, cuando en 2018, el crecimiento del PIB de Chile recuperó vigor, la región volvió a presentar cifras negativas (-3,2%).
En lo que se refiere al sector minero, pese a remontar en 2015, la actividad minera en Atacama registró tres años consecutivos de contracción. En tanto las exportaciones mineras han tenido dos años seguidos de decrecimiento, siendo el 2019 la peor baja de la década con una variación de -17,0% anual.

Estallido social y crisis sanitaria
En tanto, el efecto específico de la crisis social y sanitaria en el mercado laboral regional ha evidenciado que cuando comenzó el estallido social, la cantidad de desocupados superó las 15 mil personas y la tasa de desocupación rozó el 10%, valores históricos para ese período. En cuanto al trimestre enero – marzo de 2020, el cual presenta los primeros indicios de los efectos de la pandemia, se agrega una notable caída de la tasa de ocupación regional, lo que implica que pese a existir una cantidad menor de personas activas en la fuerza de trabajo, la población no logra ocuparse.

Encuesta a empresas
Estas cifras se complementan con los resultados de la encuesta “Levantamiento de información sobre el estado de empresas por crisis sanitaria”, realizada a las empresas socias de CORPROA (72% Pymes y 28% grandes) aplicada entre las primera y segunda semana del mes de mayo de 2020.
Es así como el 56% de las empresas presenta un nivel de operatividad inferior al 75% de su capacidad. Y aunque gran parte de las empresas mantiene sus operaciones, el impacto de la crisis no ha sido menor: el 64% de los encuestados señala que el impacto económico derivado de esta contingencia va desde los $10 millones a más de $50 millones.
Los planes futuros también se han visto mermados: sólo el 8% de las empresas consultadas mantendrán sus planes de inversión previos a la emergencia y, por otra parte, el 88% ha cambiado sus planes, ya sea desistiendo de realizar inversiones o ajustándola a su actual condición financiera y de demanda.
Las dificultades para mantener los puestos de trabajo también se evidencian. El 52% ha debido realizar al menos una desvinculación, el 4% más de 50 personas, y en las próximas semanas, el 52% volverá a evaluar la necesidad de efectuar despidos.
El estudio sugiere que el impulso a la inversión es más necesario que nunca en la región. Por ejemplo, los proyectos que a la fecha se encuentran en etapa de calificación pueden generar más de 5 mil puestos de trabajo en sus etapas de construcción y más de 3 mil en las de operación.
No obstante, pese a ser evidente el beneficio de estas inversiones y la resolución del SEA tiene carácter de transitorio, la duración de esta última podría llegar a extenderse por varios meses e inclusos años, esto implicaría modificar los planes y calendarios de inversión de las empresas o, en algunos casos, a desistir de ellos.
La suspensión de procesos -como la consulta ciudadana- ha resultado en que US$ 10.500 millones en inversión se encuentren paralizados en el SEA, cuatro proyectos mineros en Atacama y 24 obras de energía renovable no convencionales están en esta condición, según la propia entidad.
Esto ha implicado que diversos actores propongan como alternativa la implementación de instrumentos de comunicación remota y combinaciones de participación presencial y online para dar continuidad a los proyectos en evaluación.
De acuerdo a datos obtenidos del SEA en la Región de Atacama, a mayo de 2020, existen 32 iniciativas de inversión en etapa de “en calificación” y aunque no todas ellas han llegado a las etapas de consultas, las dificultades que hoy enfrenta el SEA, los servicios públicos y las comunidades, añaden incertidumbre respecto de los plazos de calificación de los proyectos.
El análisis muestra que tal teatro de operaciones podría implicar un disuasivo para las empresas que componen la cartera de proyectos de inversión para el quinquenio 2020 – 2024, conjunto de iniciativas que, de acuerdo al Catastro de Proyectos de Inversión Privados y Públicos del primer trimestre de 2020 elaborado por la Corporación de Bienes de Capital, suponen para la Región una inyección de US$9.651 millones.
“Es claro que la situación económica no es favorable y que las crisis social y sanitaria traen una interminable lista de dificultades. A pesar del esfuerzo de las mineras para alentar el distanciamiento, esto ha significado que los proyectos se hayan ralentizado o suspendidos hasta nuevo aviso. Es clave mejorar los procesos de evaluación ambiental que, sin dejar de velar que los proyectos cumplan con la normativa ambiental y las buenas prácticas, favorezcan la materialización de inversión, facilitando procesos y acortando plazos”, sostuvo Daniel Llorente, presidente de CORPROA.
En esta línea, las iniciativas de inversión en Atacama que esperan completar su evaluación ambiental es de 32 proyectos y bordea los US$2.400 millones con requerimientos de mano de obras por más de 8.500 puestos de trabajo.
“Resulta crucial entonces que la evaluación ambiental continúe y las empresas puedan responder a los requerimientos que de ella provengan, esto considerando la necesidad que tiene la Región de Atacama de dar un nuevo impulso a su economía que permita dar condiciones dignas de trabajo y mayor calidad de vida a sus habitantes”, agregó Llorente.
Para Patrick McNab, gerente de Sustentabilidad Compañía Minera del Pacífico (CMP), “el estudio de CORPROA refleja una realidad que no podemos ignorar. El esfuerzo de las empresas por dar continuidad operacional que, en el caso de CMP, ha significado adoptar múltiples tareas sanitarias para funcionar con el debido resguardo en todas sus faenas, debe también tener una correspondencia en materia de evaluación ambiental. Creemos que es posible, y hoy se hace aún más necesario, velar por el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y, a la vez, actuar con la agilidad que se requiere en la Región de Atacama para que sus empresas sigan adelante con lo que tienen y también puedan concretar nuevos proyectos”.
Finalmente, Phil Brumit, presidente Distrito Candelaria – Lundin Mining, sostuvo que “vemos con preocupación como esta emergencia de salud está causando el aplazamiento de importantes proyectos de inversión en Atacama, lo que resulta en una caída en la creación de empleo y un aumento en la tasa de desempleo. Son tiempos muy difíciles en los que tendremos que hacer todo lo posible para mantener la continuidad operacional. Sabemos que pasarán varios meses o un año antes de que la actividad económica vuelva a cierta normalidad, por eso creemos que hoy el papel de las autoridades es clave para generar las condiciones que permitan que la economía se reactive, incluida la del sector de la minería. El desarrollo de proyectos mineros, que ahora están en espera, generará empleos y la necesidad de suministros y servicios que fundamentalmente deberían beneficiar a trabajadores y proveedores locales”.

Con una importante participación de socios, autoridades e invitados, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) celebró anoche su aniversario Nº29.  Como es habitual, la actividad se dividió en dos partes: a primera hora, el presidente de la Corporación, Daniel Llorente, entregó su Cuenta Anual a la Asamblea de Socios, donde enumeró los logros, aportes y desafíos de su gestión en el avance gremial, económico y social de la región.

En ese plano, destacó las gestiones ante autoridades nacionales y locales en temas como la agenda Pro Pyme, proyectos mineros de inversión, descentralización y el trabajo de fomento en diversas comunas de Atacama, entre otros.

Más adelante y ya en el marco del aniversario de CORPROA, Llorente dijo que “nuestra Corporación no está ajena a los grandes cambios que muestra y ofrece la vida moderna… somos un gremio en constante evolución que requiere estar en una permanente mirada de modernización y crecimiento”.

Asimismo, alertó que “junto con la vuelta de los proyectos sustentables, aparece la resistencia de grupos con los que, en la experiencia que tenemos, de nada sirve un diálogo técnico para llegar a acuerdos. Sus posiciones son elevadas como dogmas, su atrevimiento va mas allá de los márgenes legales, usan la mentira y muchas veces la violencia, sintiéndose los dueños de la verdad, no encontrando hasta ahora ninguna oposición ni fuerza contraria a sus intenciones”.

En esa línea, el líder gremial agregó que “(estos grupos) no tienen nada que ofrecer. En 2012 y 2013 contribuyeron a botar todos los proyectos de inversión y a cambio solo generaron pobreza para los habitantes de Atacama. Desde este lugar llamo a todas las personas interesadas en el desarrollo y el crecimiento sustentable que, junto con exigir a  los nuevos proyectos y a las faenas en operación que nos hagan sentir el beneficio de tenerlos cerca, salgamos -si es necesario- a defender la inversión con fuerza. Ya no hay mas tiempo, Atacama pierde, nuestra gente pierde”.

Junto a ello, Llorente recalcó que “cumplimos 29 años con mucha ilusión en los nuevos tiempos que vienen para Atacama. Luego de varios años de decrecimiento vemos que al fin se perciben luces, a pesar de todos los inconvenientes, la región crece en inversión, se mejora lentamente el empleo y volvemos a hablar con fuerza de nuevos proyectos. En algunos la palabra la tienen los dueños y en otros aún se depende de la solidez y precisión de sus presentaciones para la obtención de permisos”.

Finalmente, el presidente de CORPROA insistió en que “Atacama ha tenido dificultades y obstáculos que sortear en los últimos tiempos y, sin duda, estos no van a desaparecer en el corto plazo, el desafío de todos, públicos y privados, es llevar adelante la región, para esto se requiere muchas veces dejar de lado egoísmos y convencimientos  ideológicos, se requiere mucho coraje y honestidad”.

A su turno, el Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, destacó que “nuestra generación tiene la gran misión de alcanzar el desarrollo integral de nuestro país. Recibimos una región con muchas dificultades económicas, y el Presidente Piñera retomó el rumbo, puso a Chile en marcha con ayuda de todos los chilenos y, especialmente, de las pymes de nuestro país. Lo más importante es que hoy vemos un futuro esperanzador para nuestra región, y si trabajamos con unidad por la continuidad de este proyecto político, habrá más oportunidades para emprender, para progresar, sin que ninguna familia quede atrás”.

La máxima autoridad regional añadió que “desde el Gobierno queremos facilitar y agilizar las inversiones, abrir nuevos mercados, mejorar la productividad, impulsar el crecimiento, y la creación de empleo. Por eso hemos impulsado la ley de pago a 30 días, que ya es una realidad, la creación de las oficinas GPS y OPEN, la modernización tributaria, la agenda de simplificación regulatoria, y la digitalización de pymes ante una inminente llegada de la cuarta revolución tecnológica a Chile”.

La actividad concluyó con el tradicional corte de torta conmemorativa y la invitación a participar en los dos grandes eventos que organizará CORPROA en lo que resta de año: la semana de la minería en agosto y el IV FOREDE en octubre próximo.